El nuevo equipo económico de De la Rúa cuenta con un grupo de profesionales con conciencia de que el costo país es función del sistema de regulación imperante en el país y de sus respectivas instituciones. Hay numerosas oportunidades de introducir mayor competencia y mejoras en la regulación de servicios públicos para que se produzca una baja en los costos de dichos servicios, sin alterar la credibilidad de los contratos existentes. La baja en los costos de dichos sectores generará un beneficio directo a la reactivación de la economía, tanto por la reducción en el costo país, como por el aumento en sus niveles de actividad. He aquí una enumeración, no exhaustiva por cierto, de algunas de estas oportunidades.

En telecomunicaciones, si bien se ha incrementado ya la competencia y los precios de algunos servicios han bajado, la verdadera competencia en llamadas de larga distancia se dará cuando se introduzca un sistema multicarrier globalizado para todo tipo de llamadas, que simplifica por completo la elección de operador (a diferencia de lo que ocurre con la pre-subscripción) con el simple discado de un prefijo de tres dígitos. En segundo lugar de importancia, se debe definir el tipo de apertura del espectro al sector privado para que éste pueda planificar adecuadamente el ingreso de nuevos productos, en especial telefonía móvil 3G. Para este objetivo se necesita diseñar una subasta inteligente, con derechos de propiedad bien definidos, que provoque un mercado inalámbrico competitivo, y al mismo tiempo genere un ingreso importante en las arcas del Tesoro. También se debe procurar ir hacia un sistema mucho más flexible y libre en precios de telefonía básica, ya que la excesiva regulación está atentando contra una mayor penetración. Precios flexibles permitirían mayor diferenciación de tipos de usuarios, permitiendo acceder a más gente no sólo a nuevas líneas de telefónos sino también al uso de Internet. La protección para zonas de baja densidad donde instalar teléfonos es poco atractivo para las empresas, se puede brindar a través de un programa de servicio universal más transparente que el actual, basado en licitaciones competitivas por menor subsidio.

En electricidad, hay avances de corto y largo plazo para desarrollar. Como solución inmediata a los problemas de rentabilidad en la generación y de confiabilidad de suministro, se debería instaurar un sistema de pass-through eficiente de contratos estándar de largo plazo. Esto debería ser una medida transitoria en un escenario donde la meta final es la apertura del mercado minorista a la competencia entre comercializadores. Cuando los clientes residenciales y comerciales tengan libre elección de proveedor, varios aspectos de la regulación se tornarán obsoletos, entre ellos la necesidad de controlar el pass-through de precios de contratos. La apertura minorista, no obstante, requiere de una transición ordenada, con consenso y entendimiento de sus beneficios para todas las partes, en particular los distribuidores. Una ocasión oportuna para plantear esta política de apertura sería la revisión tarifaria del año 2002. Por otro lado, existen otras medidas que mejorarían el riesgo regulatorio específico del sector, como la separación de la Secretaría de Energía de Cammesa, y la descentralización de las decisiones de inversión en la red de transporte.

En gas, la necesidad más imperiosa es ayudar a crear un mercado con más transparencia y más actores en el ámbito mayorista, ya que la concentración de la producción es un factor limitante a precios más competitivos. También en gas, el objetivo último del regulador debe ser procurar la apertura minorista total, donde los clientes tengan elección de proveedor. Al igual que en electricidad, la revisión quinquenal de tarifas (en el 2003) crea una oportunidad para introducir un esquema más competitivo, sin que exista intromisión con las reglas de juego actuales.

En agua y saneamiento, es importante desarrollar un marco de regulación genérico en el ámbito nacional que permita la competencia minorista, regule la distribución y peajes de transporte con un modelo común y sencillo, aplicable a diferentes jurisdicciones, imponga penalidades específicas por baja calidad y permita elegir a los operadores entre adherirse a la nueva normativa o mantener sus contratos existentes.

Al igual que en aguas, en transporte ferroviario de pasajeros y concesiones viales sería conveniente la creación de un marco regulatorio general con opción a su adhesión y penalidades por no cumplir con calidad y que además: permita la competencia cuando sea posible, especifique relación precio-costos sociales marginales esperados de los ajustes tarifarios, y renueve concesiones o licencias a través de subastas por subsidio mínimo anual, con la posibilidad de explotar servicios complementarios

En todos estos sectores de servicios públicos, a su vez, para garantizar que las licitaciones, renegociaciones contractuales y nuevos permisos o licencias sean competitivos y no comprometan la estructura de mercado en perjuicio de los consumidores futuros, debería darse intervención al Tribunal de Defensa de la Competencia, tal como lo prevé la legislación nacional antitrust (ley 25.156).

Mucho resta por progresar en el ámbito de regulaciones, en especial en servicios públicos, que tienen una incidencia importante en el denominado "costos argentino". El nuevo equipo económico tiene experiencia suficiente en el tema. Con su llegada es de esperar un conjunto de acciones y políticas que promuevan la competencia y el dinamismo de cada uno de estos sectores.